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Por Guillermo Apdepnur

En un contexto de profunda recesión y ajuste impulsado desde el Gobierno Nacional, el municipio bonaerense de Villa Gesell declaró la Emergencia Económica. La medida fue decretada por el intendente Gustavo Barrera como una respuesta urgente a la asfixia financiera que enfrentan las administraciones locales por el recorte de fondos y la brutal caída de la recaudación.

«Estamos atravesando momentos muy complicados, con cada vez menores recursos y al mismo tiempo cada vez más necesidades. Los costos suben, la recaudación cae, los salarios no alcanzan y la recesión se profundiza», expresó Barrera en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, en el que detalló las acciones tomadas para salvaguardar el funcionamiento del Estado municipal.

El Decreto N° 838 establece el congelamiento de los salarios del intendente y de todos los funcionarios políticos por al menos seis meses, fijándolos en los valores de marzo de 2025. Además, se suspenden las incorporaciones de personal a partir del 22 de abril. Aunque la medida apunta a sostener los sueldos del personal municipal, la preocupación crece por el impacto que tendrá en la calidad de los servicios y en la economía local.

Ajuste nacional, consecuencias locales

Lejos de tratarse de un caso aislado, lo que sucede en Villa Gesell es un reflejo de lo que padecen numerosos municipios del interior bonaerense. La drástica reducción de la coparticipación —estimada en más de 3 mil millones de pesos para 2025 solo en Gesell— pone en riesgo la continuidad de políticas públicas esenciales y deja a los gobiernos locales con escaso margen de maniobra.

La administración de Javier Milei, con su enfoque ortodoxo y unilaterial de ajuste fiscal, ha empujado a los municipios a sostener con recursos propios los servicios que antes se garantizaban con fondos nacionales. La eliminación de programas, el recorte de transferencias automáticas y la paralización de obras públicas derivaron en un escenario de ahogo financiero que afecta directamente a las economías regionales.

Salarios congelados y futuro incierto

Uno de los datos más preocupantes de este decreto es la congelación de salarios que, si bien excluye a los trabajadores de la planta municipal en esta etapa, anticipa un horizonte de tensión. “Decidí congelar mi salario y el de todos los funcionarios, para que no se vean afectados los salarios de las y los trabajadores municipales”, señaló Barrera, subrayando el compromiso de su gestión con los sectores más vulnerables.

No obstante, los propios empleados municipales, que ya venían sufriendo una pérdida de poder adquisitivo por la inflación, temen que esta medida sea la antesala de un ajuste más severo si la situación continúa deteriorándose. Con salarios que no alcanzan y un consumo que se retrae día a día, la medida también tendrá un efecto negativo sobre la actividad económica de Villa Gesell y sus alrededores, donde el circuito comercial depende en gran medida del empleo público y del gasto municipal.

La administración local, en pie pero en alerta

A pesar del doloroso momento, la gestión de Gustavo Barrera intenta evitar el colapso total de las cuentas públicas sin recurrir al despido de personal ni al cierre de servicios. «Hoy más que nunca tenemos que pensar en los que menos ganan, en sostener cada fuente laboral y garantizar los servicios municipales», afirmó el jefe comunal.

Este gesto de responsabilidad contrasta con el abandono del Gobierno Nacional, que lejos de asistir a los territorios en crisis, retira presencia y recursos estratégicos. El caso de Villa Gesell se convierte así en una advertencia para toda la provincia y el país: sin una mirada federal y solidaria, la crisis terminará quebrando el tejido social, económico e institucional de las comunidades más afectadas.

La emergencia fue decretada, pero la angustia ya venía de antes. Hoy, los municipios bonaerenses enfrentan un desafío que no se resuelve solo con decretos: recuperar la esperanza en medio de una política que parece haberse olvidado de su gente.