La problemática de las usurpaciones en el Partido de la Costa continúa generando preocupación dentro del ámbito legislativo local. La concejal Mónica Correa manifestó su inquietud por la falta de avances en el tratamiento de los expedientes relacionados con ocupaciones irregulares, tanto de terrenos como de viviendas, una situación que afecta a propietarios residentes y no residentes por igual.
Correa confirmó que existen al menos dos expedientes en análisis vinculados a esta problemática, y reclamó una respuesta más activa por parte del Concejo Deliberante. “Estamos esperando desde principio de año la visita de la gente de Seguridad… ya sabemos que no van a venir”, señaló, en alusión a la ausencia de funcionarios del Ejecutivo en las comisiones.
VIDEO GENTILEZA DE AVC Canal 2
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Desde la comisión de Seguridad, donde actualmente se discute la posibilidad de avanzar con una ordenanza específica, se reconoce la complejidad del tema. Las denuncias por venta fraudulenta de terrenos, ocupaciones organizadas y cesiones irregulares de derechos plantean un escenario que, según la concejal, “no puede resolverse con una sola ordenanza”.
“La comisión tiene que expedirse. No podemos seguir esperando. Esto necesita una norma, más allá de lo que ya tenga implementado el Ejecutivo”, sostuvo Correa, quien también propuso la creación de una comisión especial para tratar exclusivamente el tema de las usurpaciones, dada su magnitud y diversidad de aristas legales y sociales.
Durante la apertura de sesiones ordinarias de este año, el propio intendente reconoció la existencia de maniobras de ocupación y deslizó que incluso podría haber personal municipal involucrado, según recordó la concejal. “No son palabras mías, son palabras del intendente”, remarcó, en referencia a esa declaración pública.
La falta de sesiones en el Concejo durante los últimos meses también ha limitado el avance del tratamiento legislativo. “No tenemos ni siquiera el menor indicio de que vaya a haber alguna sesión antes de las vacaciones de invierno”, lamentó Correa.
Si bien el Ejecutivo ha reconocido el problema, las soluciones siguen en pausa. La usurpación de propiedades y la comercialización irregular de lotes no solo representa un conflicto jurídico, sino también una fuente de tensión social que exige coordinación entre las distintas áreas del Estado.
Mientras tanto, la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante continúa analizando alternativas. La elaboración de una normativa específica aparece como un paso necesario, aunque insuficiente por sí solo, frente a un fenómeno que requiere respuestas integrales, sostenidas y consensuadas.