La regional liderada por Jorge Fernández denunció un intento de proscripción política y calificó la sentencia como parte de una estrategia de persecución judicial. El comunicado se suma a una serie de expresiones de rechazo por parte de sectores del peronismo y organizaciones sociales.
La condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner sigue generando fuertes reacciones en distintos sectores del peronismo. En las últimas horas, las 62 Organizaciones Peronistas Regional Tuyú, encabezadas por Jorge Fernández, emitieron un enérgico comunicado en el que repudian el fallo judicial y advierten sobre un intento de proscripción política.
En el texto, la organización sostiene que no se trata de una sentencia judicial legítima, sino de un “acto de persecución política”, impulsado por sectores del poder real que, a través de la justicia, buscan eliminar a la expresidenta del escenario electoral. “Esto no es justicia: es lawfare”, señalan, en referencia a la utilización del sistema judicial como herramienta para fines políticos.
Lawfare es un término que combina las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), y se utiliza para describir el uso del sistema judicial con fines de persecución política.
En otras palabras, no se aplica la justicia para castigar delitos reales, sino que se manipulan causas judiciales para desacreditar, proscribir o neutralizar políticamente a dirigentes opositores, especialmente cuando no se los puede derrotar en las urnas.
El comunicado acusa a “una justicia podrida, colonizada por intereses ajenos al pueblo” de operar al servicio del poder económico y mediático, y considera que la condena forma parte de una estrategia para disciplinar a quienes defienden los intereses populares. “Cristina no está sola. Está con el pueblo, con la militancia, con la historia”, expresa el documento.
Desde la regional Tuyú de las 62 Organizaciones remarcaron que no aceptarán esta “persecución” y que no permitirán el avance sobre las conquistas sociales y políticas del peronismo. “Cuando tocan a Cristina, nos tocan a todos”, afirman con contundencia.
Este posicionamiento se suma a otros pronunciamientos similares de espacios sindicales, agrupaciones políticas y referentes del oficialismo, que cuestionan con dureza el fallo judicial. En todos los casos, el denominador común es el señalamiento de una maniobra para excluir a Fernández de la competencia electoral y criminalizar la dirigencia política.
Mientras tanto, el clima político se tensiona y el fallo continúa generando divisiones y declaraciones cruzadas, configurando un escenario de alta conflictividad institucional y social.
