Por: Guillermo Apdepnur
En medio de una nueva temporada de expansión urbana y desarrollos inmobiliarios en crecimiento, volvió a circular una inquietud que, aunque no es nueva, genera atención en ámbitos políticos y territoriales: ¿se viene una redefinición de los límites entre los municipios costeros y sus vecinos rurales?
El reclamo latente
Trascendió en los últimos días que los municipios de La Costa, Pinamar y Villa Gesell estarían evaluando solicitar a la provincia de Buenos Aires una extensión de sus límites hacia el oeste, en algunos casos hasta dos kilómetros más allá de la actual jurisdicción. Esta modificación implicaría avanzar sobre territorios que hoy forman parte de General Lavalle y General Madariaga.
El argumento principal radica en que muchas de las zonas de mayor desarrollo inmobiliario y comercial sobre las rutas de acceso —como la Ruta 11 y la Ruta 74—, si bien tributan en municipios rurales, utilizan infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano de las ciudades balnearias. Desde ese punto de vista, aseguran estar en una situación de «rehén administrativo», sin poder planificar ni regular territorios estratégicos para su crecimiento.
Un dilema con historia
La tensión no es nueva. Desde la creación de los partidos de La Costa, Pinamar y Villa Gesell en 1978, como resultado del proceso de urbanización impulsado por el turismo, han existido divergencias en torno a la administración de espacios intermedios. En muchos casos, esos territorios fueron pensados originalmente para actividades agropecuarias o de baja densidad poblacional, pero con el paso del tiempo cambiaron su función y valor, transformándose en nodos de crecimiento urbano.
Aquí, parte del documento oficial obtenido por MULTIMEDIO.com.ar
El modelo de fundación de estos partidos, basado en trámites administrativos simples y subdivisiones masivas, generó desde un principio desajustes entre la realidad territorial y los límites legales. A eso se suma que los proyectos inmobiliarios y comerciales más dinámicos —frentes de ruta, accesos a balnearios, centros logísticos— se emplazan hoy en bordes difusos, muchas veces compartidos por dos municipios con orientaciones y capacidades muy distintas.
Referentes políticos que se oponen al corrimiento de los limites existentes:
Al ser consultado el exintendente de General Lavalle, Dr. José Rodríguez Ponte, quien ejerció durante dos mandatos, expresó su rechazo absoluto a cualquier intento de cesión territorial hacia los municipios costeros vecinos. Con un tono enérgico, Ponte advirtió que esta posible modificación “no solo significaría una pérdida geográfica, sino una amputación institucional que compromete el futuro económico, social y cultural de General Lavalle”. Recordó que fue él mismo quien impulsó —sin éxito— la apertura de un debate técnico y político sobre los límites aún sin definición clara entre la Zona de Chacras y la localidad costera de San Clemente del Tuyú, debate que, a su entender, “sigue pendiente y debe ser resuelto antes de hablar de transferencias de territorio”. Además, subrayó que durante su gestión fue quien diseñó e impulsó estratégicamente, a través de encuentros con empresarios nacionales como COTO, Coca Cola, y otras firmas de primer nivel, la consolidación de un corredor industrial clave sobre la Ruta 11, en tierras que ahora se pretenderían incorporar a otras jurisdicciones. “Sería un acto de despojo. Estos desarrollos fueron posibles por políticas de Estado planificadas desde Lavalle, y su transferencia significaría una pérdida directa de recursos impositivos que le corresponden legítimamente al municipio”, concluyó.
¿Una cuestión de justicia territorial?
Más allá del impacto catastral o fiscal que podría implicar una eventual modificación de límites, el fondo de la cuestión remite a una pregunta estructural: ¿cómo se define la pertenencia territorial en contextos de transformación acelerada?
Desde los municipios costeros, se sostiene que una actualización de los límites permitiría una gestión más eficaz, adaptada a la nueva realidad social y económica del área. Desde los municipios rurales, sin embargo, se teme que una cesión de territorio signifique una pérdida de recursos fundamentales para sostener su identidad y funcionamiento.
Por ahora, no hay confirmaciones oficiales ni expedientes públicos que respalden el avance de un pedido formal ante el gobierno provincial. No obstante, el solo hecho de que la discusión haya vuelto a escena marca la necesidad de repensar la gobernanza territorial en zonas donde las dinámicas urbanas desbordan los límites administrativos establecidos hace más de cuatro décadas.
Un debate necesario
Revisar los límites municipales no es un gesto menor. Afecta identidades, presupuestos, representaciones políticas y modelos de desarrollo. Pero también es cierto que, cuando la realidad territorial cambia y los marcos normativos quedan desfasados, abrir el debate puede ser una forma saludable de anticiparse a los conflictos y construir consensos duraderos.
Como en toda transformación, el desafío será equilibrar los intereses económicos con los derechos históricos, las necesidades actuales con las proyecciones futuras, y la lógica del crecimiento con la equidad entre los distintos territorios involucrados.