En medio de la crisis actual, se ponen de manifiesto las prioridades de gestión en General Lavalle, donde la carencia de infraestructura para prevenir inundaciones es un problema crónico.
A lo largo de los años, la Municipalidad ha invertido en maquinaria y vehículos, pero no ha emprendido ninguna obra esencial para enfrentar las recurrentes inundaciones, que combinadas con las crecidas de la Ría Ajó y las lluvias, representan un peligro constante para los habitantes del pueblo.
Surge así un cuestionamiento hacia la Comisión Hídrico Vial de General Lavalle, encargada de administrar un presupuesto significativo.
Se observa que las soluciones hídricas parecen beneficiar principalmente a los propietarios de campos, incluidos los miembros de la comisión, sin que se dé cuenta del destino de los recursos. Esto genera inquietud entre los habitantes de Lavalle, quienes exigen transparencia en el uso de los fondos, pertenecientes a toda la comunidad y no solo a un sector privilegiado.
Es destacable la contribución de Cesar José Maldonado, y Guillermo Ferreyra, quienes has compartido imágenes y testimonios para visibilizar esta problemática que afecta a la comunidad.
La falta de acciones concretas para mitigar el impacto de las inundaciones subraya la urgencia de una gestión más eficaz y transparente en la Comisión Hídrico Vial. Los residentes de General Lavalle esperan respuestas y soluciones para proteger sus hogares y sus vidas ante estas situaciones recurrentes.
El desborde de la Ría Ajó es un problema natural arraigado en General Lavalle, y aunque no se puede cambiar la naturaleza del fenómeno, sí se pueden implementar medidas para adaptarse a él mediante una gestión pública eficaz. Sin embargo, la falta de obras públicas y el abandono de la maquinaria han empeorado la situación, contribuyendo al deterioro de los canales y exacerbando las inundaciones.
En este sentido, la comunidad sufre por la ausencia de acciones concretas.
Las antiguas compuertas, cruciales para el control del agua, han sido descuidadas y corroídas por el agua salada, sin que se realice su reparación o sustitución. Este descuido refleja una problemática más amplia en la gestión de recursos y prioridades del municipio.
Resulta alarmante observar cómo, a pesar de disponer de considerables recursos financieros y una flota de vehículos y maquinaria, las necesidades básicas de la población continúan siendo ignoradas. Esta desconexión evidencia una falta de vocación de servicio por parte de las autoridades municipales.
El resultado de esta negligencia se manifiesta en cada inundación, donde el agua salada cubre las calles del pueblo, dejando destrucción y desolación a su paso. La combinación de marea alta y viento sur ha agravado la situación, sumergiendo prácticamente todo el pueblo bajo más de 50 cm de agua.
Ante esta crítica realidad, la comunidad de General Lavalle reclama una gestión más responsable y comprometida, que priorice las necesidades de la población y tome medidas concretas para enfrentar los desafíos ambientales. Es imperativo que las autoridades actúen con urgencia y transparencia para proteger a sus ciudadanos y garantizar un futuro seguro y sostenible para todos.
Por otra parte:
La Ordenanza Nº 2201/2018 que establece la creación de la Comisión Administradora de Caminos Rurales e Hidráulico Vial del Partido de General Lavalle presenta varias falencias y aspectos que podrían ser mejorados para garantizar una gestión más efectiva y adaptada a las necesidades actuales, especialmente considerando eventos como la última inundación que afectó al municipio. A continuación, se detallan algunas de estas falencias:
- Falta de enfoque en medidas de prevención de desastres: A pesar de mencionar la responsabilidad sobre obras de desagüe y/o hidráulicas, la ordenanza no parece tener un enfoque claro en la prevención de desastres naturales como inundaciones. Dado que el municipio ha experimentado inundaciones, sería prudente incluir disposiciones específicas para mitigar estos riesgos.
- Composición de la Comisión: Si bien se establece la integración de la Comisión, la representación de los diferentes sectores involucrados en la gestión de caminos rurales y obras hidráulicas podría ser más equilibrada y completa. Además, no se menciona la participación de expertos en gestión de riesgos naturales o ambientales, cuya inclusión sería relevante dada la situación del municipio.
- Fuentes de financiamiento limitadas: Aunque se detallan varias fuentes de financiamiento para la Comisión, como la tasa por conservación de la red vial municipal y fondos provinciales, podría haber una diversificación adicional de las fuentes de financiamiento para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo, especialmente ante eventos imprevistos como una inundación.
- Falta de claridad en las funciones y responsabilidades: Si bien se enumeran las funciones de los diferentes miembros de la Comisión, la ordenanza no proporciona una descripción detallada de las responsabilidades específicas de la Comisión en situaciones de emergencia, como la coordinación de la respuesta ante inundaciones u otros desastres naturales.
- Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia: La ordenanza no establece disposiciones claras sobre cómo se supervisará y evaluará el desempeño de la Comisión, ni cómo se garantizará la transparencia en su funcionamiento y en el uso de los fondos asignados.
- Carencia de medidas para la participación ciudadana: Aunque se menciona la realización de una Asamblea Constitutiva de Contribuyentes de Tasa Vial Municipal, no se incluyen disposiciones específicas para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de caminos rurales e hidráulica vial.
En resumen, la Ordenanza Nº 2201/2018 presenta algunas limitaciones que podrían obstaculizar una gestión efectiva y adaptada a las necesidades del municipio, especialmente en situaciones de emergencia como las inundaciones. Sería recomendable revisar y actualizar la ordenanza para abordar estas falencias y garantizar una gestión más eficiente y resiliente en el futuro.