Por Redacción Investigativa
26 de junio de 2025
En las últimas semanas, diversos trascendidos e informes periodísticos han apuntado contra Roxana Cavallini, actual dirigente de La Libertad Avanza (LLA) en el Partido de La Costa, por presuntas irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos y designaciones laborales en el Estado, tanto a nivel municipal como provincial.
La situación ha generado inquietud en sectores políticos y sociales de la región, especialmente por el crecimiento súbito de personas allegadas a Cavallini que habrían sido incorporadas a la planta del Estado en distintas jurisdicciones. Aunque no hay denuncias formales presentadas hasta el momento, fuentes legislativas, municipales y sindicales consultadas señalan posibles maniobras de nepotismo, uso discrecional de cargos y contratos, y falta de controles internos.
Las acusaciones: cargos sin funciones claras
Según un informe publicado por Agencia NOVA en su sección “Lo que el poder no quiere que se publique”, dos hijas de Cavallini habrían sido incorporadas a la Cámara de Diputados bonaerense sin cumplir funciones concretas. La información, basada en trascendidos del propio entorno legislativo, sostiene que ambas jóvenes perciben sueldos mensuales que rondan los $1.500.000 brutos cada una, en calidad de asesoras. No se conocen dictámenes, proyectos ni tareas asignadas que justifiquen dichos sueldos.
Asimismo, se menciona que el exmarido de Cavallini también habría sido ubicado en un cargo dentro del Ejecutivo municipal de La Costa. Junto a él, al menos diez personas vinculadas directa o indirectamente a la dirigente libertaria habrían sido designadas en diferentes áreas del municipio, algunas con contratos de locación de servicios y otras bajo nombramientos políticos. La mayoría de estas personas carecería de formación técnica para los cargos ocupados y no estarían registradas como asistentes regulares en sus puestos de trabajo.
El contexto político
Roxana Cavallini se sumó a las filas de LLA tras un breve paso por agrupaciones liberales santafesinas. Su desembarco en el Partido de La Costa se dio durante el armado territorial de Javier Milei en la provincia. Su ascenso fue meteórico: en menos de un año se convirtió en una figura con influencia directa sobre nombramientos legislativos y relaciones con el Ejecutivo local, a pesar de que LLA no gobierna en ese municipio.
Fuentes de la oposición advierten que Cavallini ha sabido establecer vínculos operativos con sectores del oficialismo municipal para garantizar cupos laborales y protección política. Esta supuesta alianza “por conveniencia” es lo que explicaría la presencia de varios de sus allegados dentro de la estructura estatal local, pese a pertenecer a fuerzas políticas adversas.
Posición oficial y vacío de respuestas
Consultados por este medio, voceros del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense evitaron pronunciarse sobre el tema. En tanto, desde el municipio de La Costa, tampoco se emitió ningún comunicado oficial hasta el momento. El silencio institucional contrasta con la circulación de documentos internos y capturas de registros de haberes que están siendo compartidos por fuentes cercanas al deliberativo municipal.
Por otra parte, trabajadores municipales que solicitaron reserva de identidad expresaron su malestar por lo que califican como “designaciones digitadas”, mientras otros empleados con años de servicio carecen de estabilidad o perciben salarios muy por debajo de los montos señalados.
¿Cómo sigue?
Las sospechas en torno a Cavallini y su entorno no constituyen, por ahora, delitos comprobados. No hay causas judiciales iniciadas, aunque algunos sectores impulsan la presentación de pedidos de informes en el Concejo Deliberante y en la Cámara de Diputados. La Auditoría General de Asuntos Administrativos podría intervenir si se constatan incompatibilidades o faltas éticas.
Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre el uso de recursos públicos, la falta de transparencia en las designaciones estatales, y la debilidad de los controles internos en la gestión del empleo público, tanto a nivel provincial como municipal.
En una región marcada por desigualdades y con servicios públicos colapsados en áreas clave, la posible existencia de “ñoquis” políticos genera indignación. La sociedad espera respuestas. Y, sobre todo, transparencia.
Nota del editor: Esta nota se basa en información pública, trascendidos periodísticos y fuentes reservadas. Se mantiene la presunción de inocencia y se invita a las personas mencionadas a ejercer su derecho a réplica.