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Tenemos un antecedente de rebelión kirchnerista que fue resuelto a favor de la vicepresidenta, consagrando su supremacía interna

Algunos analistas han valorado de manera positiva la renuncia de Máximo Kirchnera la jefatura del bloque del PJ en la Cámara de Diputados en desacuerdo con la estrategia y los contenidos de la negociación de su gobierno con el FMI, aduciendo que su alejamiento le facilitará a Alberto Fernández llegar a un pronto acuerdo con ese organismo multilateral y definir un rumbo claro a su gobierno. Por el contrario, en nuestra opinión esta actitud del líder de La Cámpora muy probablemente generará mayores tensiones en la alianza de gobierno y en la conducción política y económica del país, debilitando más al presidente y consagrando la supremacía interna de la vicepresidente, pero con un fuerte efecto nocivo sobre el país.

El argumento central que esgrimen los que ven con buenos ojos esta renuncia es que, de este modo, el presidente de la Nación se verá obligado a asumir el poder político y administrativo que le reserva la Constitución, que hasta ahora permanecía en manos de su jefa y electora, Cristina Kirchner.

Tenemos un antecedente de rebelión kirchnerista que fue resuelto a favor de la vicepresidenta sin que la sangre llegara al río. Como se recordará, en septiembre del año pasado y como consecuencia de la derrota electoral del oficialismo, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y otros ministros que responden a la Sra. de Kirchner renunciaron a sus cargos para presionar al presidente a realizar cambios en el gabinete. El resultado es conocido: Alberto Fernández tuvo que desprenderse de la persona de su mayor confianza, Santiago Cafiero, que de jefe de Gabinete fue rebajado a Canciller. Concluida la operación, los kirchneristas renunciantes recuperaron, todos, sus funciones.

Este episodio mostró a las claras los dos elementos centrales de la dinámica de este gobierno y de la coalición que lo sostiene. Por un lado, el uso del chantaje público del accionista mayoritario cuando no hay acuerdo en cuestiones fundamentales en la coalición oficialista. Hasta la provocada renuncia de Cafiero, el veto y la consiguiente parálisis gubernamental debido al empate entre los socios había sido la regla utilizada en los casos de desacuerdo, afectando seriamente el rumbo de la gestión, pero sin provocar el quiebre de la alianza.

El segundo elemento característico es que la crisis del año pasado fue resuelta a costa de un mayor debilitamiento del presidente a manos de la vicepresidente. El origen de esta dinámica está, como se sabe, en el desdoblamiento de las funciones entre el que habiendo sido elegido para gobernar resignó en los hechos esa condición y la que posee el poder real; una grave disfunción institucional para un régimen presidencialista.

Al aplicar estas características del gobierno al escenario que se abrió con la renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque oficialista en Diputados, notamos un cambio en la dinámica en el sentido de que el chantaje público como mecanismo para mantener o acrecentar el poder del kirchnerismo podría, a la postre, afectarlo, con consecuencias graves para la coalición que integra y el futuro del país.

En primer lugar, porque el tema que provocó la discordia-renuncia del hijo vicepresidencial (avanzar hacia un acuerdo con el FMI) será definitorio del rumbo electoral, político y económico de los próximos años. Trasciende a los realineamientos internos del oficialismo. En segundo lugar, porque el gobierno, al definir que deberá ser aprobado por el Congreso, necesitará de los votos de todos los integrantes de sus bloques en Senado y Diputados, incluyendo los kirchneristas, cuyo renunciado jefe parlamentario acaba de manifestarse en contra. En este contexto, no habría que esperar que la oposición concurra al salvataje de Alberto Fernández adhiriendo al convenio con el FMI, cuando parte del oficialismo le niegue su apoyo legislativo.

Como es posible prever, las dos opciones resultantes llevarían a una crisis política de proporciones, tanto si el gobierno no lograse la ansiada aprobación legislativa del acuerdo con el FMI como si lo hiciese sin el apoyo de su socio mayoritario por el quiebre de su coalición.

Téngase en cuenta que Máximo Kirchner, a pesar de su renuncia como jefe de bloque, mantiene las funciones más relevantes desde el punto de vista de los recursos políticos, económicos y simbólicos: sigue como diputado, como líder de La Cámpora y como presidente del PJ bonaerense, territorio donde reside su poder, el de su organización y el de su madre. Esta composición podría llevarnos a concluir que el kirchnerismo estaría buscando con el chantaje público, una vez más, afectar el acotado ámbito de decisión presidencial a favor de la restauración plena del mandato de la vicepresidencia, incluyendo la supremacía de su paradigma ideológico que define al FMI como el principal enemigo del pueblo. También podría ser un recurso para obligar al presidente a incorporar a Cristina Kirchner en la negociación por el acuerdo a cambio de levantar su veto.

Es posible que esta rebelión kirchnerista esté reflejando la opinión de la vicepresidenta de que el acuerdo con el FMI fracasará al poco tiempo, como tantas veces en el pasado, o que el gobierno será derrotado en las elecciones presidenciales de 2023, como le sucedió a Mauricio Macri en 2019 por el ajuste en las cuentas públicas pactado con el organismo multilateral. Así, esta decisión de Cristina Kirchner sería una manera de diferenciarse anticipadamente, de despegarse ante la crisis inevitable para no afectar seriamente las chances electorales de parte del oficialismo y mantener la capacidad de decidir el candidato para suceder al presidente Fernández.

Sin embargo, la dinámica que ha adquirido el proceso apunta a una crisis, sobre todo porque este episodio vuelve a interrogarnos sobre dónde reside el poder en relación con los desafíos centrales del gobierno. En otras palabras, porque para avanzar en las negociaciones con el FMI y firmar un acuerdo se requiere de liderazgo y autoridad, y de mayorías en el Congreso.

Un botón de muestra de lo que estamos diciendo lo acaba de ofrecer el diputado ultra K, Leopoldo Moreau, al afirmar que el kirchnerismo intentará reformar en el Congreso el acuerdo con el FMI, una definición política que terminó de bombardear la escasa credibilidad del ministro de Economía, Martín Guzmán, en plena negociación con el organismo multilateral. Además, este anuncio kirchnerista es de cumplimiento imposible, porque supone que los contenidos de lo que apruebe el directorio del FMI con el gobierno argentino podrán ser modificados posteriormente y de manera unilateral por el Poder Legislativo.

La designación de Germán Martínez como nuevo jefe de la bancada oficialista en Diputados es otro indicador del cambio en la dinámica de la coalición. Carece de experiencia y volumen político, y fue designado por el presidente de la Nación sin la opinión previa de los legisladores, lo cual sugiere que la conducción del bloque del PJ pasará a Sergio Massa y Alberto Fernández. ¿Será suficiente para conjurar esta crisis?

La renuncia de Máximo Kirchner también traerá cierto alivio a la oposición: ya no será culpada por Alberto Fernández de irresponsabilidad por no apoyar el nuevo pacto con el FMI que el socio mayoritario de su gobierno acaba de rechazar.

Fuente de consulta https://www.clarin.com/