Desde las 10 de la mañana, organizaciones sociales agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se concentran frente a la Secretaría de Trabajo, ubicada en Leandro N. Alem 650, para reclamar una actualización del Salario Social Complementario, cuyo monto permanece inalterado desde el 10 de diciembre de 2023.
El reclamo principal se centra en el congelamiento de este ingreso, fijado en $78.000, y que según las organizaciones, ha perdido más del 65% de su poder adquisitivo a causa de la inflación. A la movilización adhieren, entre otras, el Frente Barrial de la CTA, Territorios en Lucha y el Frente de Lucha Piquetero.
Además del pedido de incremento del Salario Social Complementario —actualmente parte del programa «Volver al Trabajo»—, las organizaciones exigen la restitución del monotributo social y la provisión regular de alimentos a comedores populares. También manifiestan su oposición al cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), medida dispuesta por el actual gobierno nacional, y que, según sus voceros, afecta directamente a más de cinco millones de personas que viven en los barrios populares registrados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares).
El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nicolás Caropresi, sostuvo en declaraciones a la prensa que el congelamiento del Salario Social Complementario, la eliminación del monotributo social y la interrupción de políticas públicas dirigidas a sectores vulnerables, representan «una pérdida sistemática de derechos adquiridos». Asimismo, señaló que el cierre del FISU implica el freno de obras de infraestructura básica en barrios carenciados.
Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, se informó que el operativo de seguridad será monitoreado en conjunto con la Policía de la Ciudad, conforme al protocolo antipiquetes vigente.
Por su parte, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó que esta marcha forma parte de un plan de lucha aprobado en el último congreso nacional de la organización, y tiene como objetivo visibilizar la situación de los sectores de la economía popular, fuertemente afectados por la crisis económica. “La decisión de desligar el Salario Social Complementario del Salario Mínimo Vital y Móvil lo convierte, en los hechos, en un ingreso simbólico. Esto agrava la situación de millones de personas que subsisten en condiciones de vulnerabilidad estructural”, expresó.
La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Gabriel Cordero, no ha emitido declaraciones públicas al respecto al cierre de esta edición. Tampoco hubo respuesta oficial desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ante los reclamos vinculados al financiamiento de políticas sociales y alimentarias.
El comunicado difundido por UTEP afirma que “crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación”, y que el trabajo informal, las changas y el autoempleo “se encuentran al borde del colapso por la caída del consumo y el freno de la economía”.
La protesta de este jueves se enmarca en un contexto de ajuste fiscal, donde diversas organizaciones sociales alertan sobre el impacto de las medidas económicas sobre los sectores populares, en medio de una inflación acumulada que continúa deteriorando el poder adquisitivo.