En una decisión sin precedentes en la región, la Municipalidad de General Madariaga ha decidido llevar ante la Justicia Federal una denuncia formal contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en una medida que marca un fuerte posicionamiento en defensa de los derechos de los adultos mayores y del erario público.
La acción judicial, que cuenta con el respaldo de la Unidad Fiscal de Investigación del PAMI (UFIPAMI), se sustenta en presuntas irregularidades en el desempeño de funcionarios del organismo nacional, quienes habrían favorecido intereses privados en detrimento de la calidad del servicio prestado a los jubilados de la ciudad. La sospecha de una posible asociación ilícita entre agentes de PAMI y prestadores de una clínica privada local enciende las alarmas no sólo en Madariaga, sino en toda la provincia de Buenos Aires.
Desde el gobierno local se subrayó que este no es un reclamo aislado ni motivado únicamente por una cuestión económica. “Estamos hablando de la vida y la salud de nuestros abuelos”, expresó un portavoz municipal. “No decimos adultos mayores, decimos abuelos, porque son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres queridos los que están padeciendo un servicio deficiente, producto de manejos que deben ser investigados con urgencia”.
El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, ha sido una de las voces más firmes en denunciar públicamente esta situación, señalando que no se trata solamente de una cuestión administrativa, sino de una emergencia moral y sanitaria. La presentación judicial fue elaborada junto al reconocido abogado Dr. Leandro Alonso, quien acompaña técnicamente el reclamo municipal y articula con la UFIPAMI para profundizar la investigación sobre el presunto entramado de corrupción que involucra a funcionarios de PAMI y a prestadores del sector privado. Esta articulación institucional, encabezada por Santoro y Alonso, refuerza la seriedad de la denuncia y pone de manifiesto la decisión política de no tolerar más abusos.
Este paso institucional representa una actitud firme, responsable y valiente del Municipio de Madariaga, que no sólo exige transparencia, sino que defiende activamente a su comunidad más vulnerable. La denuncia también alerta sobre el impacto económico negativo que estas maniobras tendrían sobre las finanzas del municipio, que se ve forzado a asumir costos que deberían estar cubiertos por el sistema nacional de salud para jubilados.
El impacto social de esta medida podría extenderse a toda la provincia de Buenos Aires, ya que sienta un precedente importante: los municipios no permanecerán indiferentes ante el abandono o la corrupción que pueda comprometer la vida de sus adultos mayores. Esta acción judicial podría motivar a otros distritos a revisar y denunciar posibles irregularidades en el manejo del PAMI en sus respectivas jurisdicciones.
Con esta denuncia, Madariaga se coloca en la vanguardia de la defensa de los derechos de sus ciudadanos mayores, enviando un mensaje claro: el Estado local no será cómplice del silencio ni del abandono. En tiempos donde la confianza en las instituciones se ve desafiada, esta iniciativa representa un ejemplo de cómo la política puede recuperar su valor más noble: servir al pueblo, proteger a los más vulnerables y exigir justicia.