En un intento por encauzar el rumbo político de cara a las legislativas de 2025, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires alcanzó este viernes un acuerdo que busca poner paños fríos a la interna partidaria que enfrenta desde octubre pasado. El entendimiento, impulsado por los sectores que responden a Maximiliano Abad y Martín Lousteau, supone un cogobierno provisorio dentro del Comité Provincia, en un contexto signado por la judicialización de los comicios internos.
El conflicto tiene como epicentro la elección partidaria que enfrentó a Miguel Fernández, del oficialismo alineado con Abad, y a Pablo Domenichini, referente del sector Evolución, vinculado a Lousteau y Facundo Manes. La Justicia Electoral, en marzo pasado, detectó múltiples irregularidades —entre ellas, duplicación de certificados, alteración de urnas y deficiencias en la custodia del voto— que llevaron a la anulación de los resultados en municipios clave como Ezeiza, Quilmes y La Matanza. A raíz de ello, se ordenó repetir las elecciones en esas localidades y se prorrogó el mandato de Abad, que venció el 28 de marzo.
En este escenario, y con las elecciones bonaerenses fijadas para el 7 de septiembre, los principales referentes del radicalismo decidieron avanzar en una solución transitoria: la creación de un Comité de Contingencia y una Convención de Contingencia, ambos integrados por diez miembros (cinco por Unidad Radical y cinco por Futuro Radical). Miguel Fernández y Pablo Domenichini presidirán cada uno de estos órganos, respectivamente, en un esquema de cogobierno que se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se defina finalmente la conducción partidaria mediante la vía judicial y electoral.
Tanto Fernández como Domenichini destacaron públicamente el valor del acuerdo. El primero remarcó la necesidad de dejar atrás “las diferencias y matices” para enfocarse en “propuestas locales, seccionales y provinciales” y construir una alternativa fuerte para la provincia. Por su parte, Domenichini calificó el entendimiento como “una muestra de madurez política” y reiteró que la prioridad de su sector es “la institucionalidad y la representación genuina de los afiliados”.
Más allá de la tregua institucional, el acuerdo también intenta contener las tensiones derivadas del cruce entre Lousteau y Abad en la Comisión de Acuerdos del Senado. Allí, en marzo pasado, Lousteau cuestionó duramente a sus correligionarios por su conducta durante una sesión clave, acusándolos de especulación política. Abad, en respuesta, calificó las declaraciones como una “bajeza fuera de lo común” y recordó el paso de Lousteau por el kirchnerismo y el macrismo, una crítica recurrente dentro del partido.
Sin embargo, el mayor desafío de fondo radica en la estrategia electoral que deberá adoptar el radicalismo bonaerense para competir en 2025. Si bien el acuerdo busca ordenar la interna, no resuelve las diferencias de enfoque respecto a las futuras alianzas. Desde Evolución cuestionan posibles acercamientos del sector de Abad con La Libertad Avanza, mientras aguardan con atención los resultados de la elección porteña, que podría reconfigurar el equilibrio de fuerzas dentro de Juntos por el Cambio.
El radicalismo bonaerense atraviesa un momento bisagra. La necesidad de revalidar su rol en la provincia, la presión por una renovación legítima de sus autoridades y la incertidumbre sobre su posicionamiento nacional configuran un escenario complejo. El acuerdo alcanzado representa, por ahora, un paso hacia la estabilidad interna, aunque el verdadero test será su capacidad para traducir esa unidad provisional en una propuesta electoral coherente, competitiva y representativa.
FUENTE DE CONSULTA : Diamela Rodrigez