Paraje Pavón, General Lavalle — 7 de mayo de 2025. En las últimas horas, personal municipal de General Lavalle se presentó en un terreno ubicado sobre la calle Brasil, en la localidad de Paraje Pavón, luego de recibir llamados de vecinos alertando sobre la presencia de una familia que había montado una carpa improvisada. Al llegar, se encontraron con un matrimonio acompañado de dos menores, de apenas cuatro y diez años, quienes manifestaron estar atravesando una situación de calle y buscar refugio de manera urgente.
El hombre declaró tener domicilio en Mar de Ajó, mientras que su pareja —madre de los menores— tiene domicilio legal en Pavón, dentro del distrito de General Lavalle. A pesar de esto, y más allá del conflicto sobre la posesión del terreno (que no corresponde justificar ni legitimar), la Municipalidad actuó únicamente desde un enfoque punitivo, intimando a esta familia a desalojar el predio en un plazo de tan solo dos horas, sin brindar ningún tipo de contención ni intervención desde el área de Acción Social.
Este accionar evidencia una preocupante ausencia del Estado municipal en su rol más esencial: la asistencia y protección de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de niños y niñas. Hasta el momento, la Dirección de Acción Social, a cargo de la funcionaria Natalia Loureiro, no ha emitido comunicado alguno ni demostrado señales de actuación ante este caso. Tampoco hay indicios de que se hayan iniciado gestiones para garantizar a estos menores —ciudadanos del partido— una alternativa habitacional digna o asistencia básica.
La Municipalidad tiene la responsabilidad indelegable de intervenir activamente con dispositivos de acompañamiento social, y más aún cuando hay niños expuestos a las inclemencias del clima y a la desprotección total en plena temporada invernal. El Estado no puede limitarse a aplicar una resolución administrativa de desalojo, sin activar a la par los mecanismos de asistencia que por ley y por deber ético debe brindar.
No se trata de avalar ocupaciones ilegales, sino de entender que detrás de cada situación crítica hay personas, hay niños, hay historias que necesitan una respuesta integral y humana. Y la omisión de esa respuesta es también una forma de violencia institucional.
En este sentido, la responsabilidad política no recae en el personal de base del municipio, sino en las máximas autoridades del gobierno local, incluido el intendente de General Lavalle NAHUEL GUARDIA , quienes deben explicar por qué el aparato municipal ha fallado en ofrecer una alternativa a esta familia, por qué no se activaron los protocolos de emergencia, y por qué se decide mirar hacia otro lado.
La apatía institucional ante la pobreza extrema y la infancia en riesgo no puede ni debe naturalizarse. Existen dispositivos, partidas presupuestarias, normativas y redes de contención que la Municipalidad puede —y debe— utilizar. Lo que falta, en este caso, es decisión política y sensibilidad social.
Desde este medio, hacemos un llamado urgente a las autoridades municipales para que cumplan con su deber y actúen con responsabilidad, empatía y eficacia. La situación es gravísima y no admite demoras ni excusas. Hoy se trata de una familia, de dos chicos con frío y sin techo. Mañana puede ser cualquier otro. El Estado está para proteger, no para expulsar.
Guillermo Fabian Apdepnur DNI 17233331 : Director Responsable del grupo MULTIMEDIOS.ar