Las fotomultas en las rutas de General Lavalle, lejos de representar una medida de control vehicular orientada a la seguridad vial, parecen haber mutado en una estrategia puramente recaudatoria, casi como emboscadas, donde “francotiradores” con cámaras manuales esperan a conductores desprevenidos. La empresa FLUXA y la actual gestión municipal, encabezada por el intendente Nahuel Guardia, se encuentran en el centro de la controversia.
En los últimos años, el municipio de General Lavalle Bs. As, ha intensificado los controles de velocidad a lo largo de sus rutas, con un convenio entre las empresas CECAITRA, CUIT 30-70095500-8 y FLUXA S.A., CUIT 30-71491848-2, enfocándose especialmente durante la temporada alta de verano, aunque también afecta a los residentes locales fuera de esa época. Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan la finalidad de estos operativos, ya que pareciera que responden más a fines recaudatorios que a una verdadera preocupación por la seguridad vial.
La Ordenanza Nº 2341/2020, en su Artículo 3º, establece que debe implementarse una Campaña de Educación Vial y Prevención de Accidentes de Tránsito, que incluya publicaciones periódicas, información sobre los puntos de medición de velocidad, charlas en establecimientos educativos y la invitación a ONGs vinculadas a la seguridad vial. Hasta la fecha, no se han observado avances significativos en este sentido, lo que pone en duda el cumplimiento de la normativa. La falta de una campaña de concientización efectiva contradice lo estipulado en dicha ordenanza.
Además, es casi nula la información pública sobre los operativos de control de velocidad, y los conductores –tanto locales como turistas– se encuentran vulnerables ante cámaras manuales de control de velocidad, muchas veces ubicadas en tramos con señalización confusa o escasa. En ciertos sectores, la velocidad permitida cambia abruptamente de 80 km/h a 60 km/h en menos de 400 metros, obligando a los conductores a frenar bruscamente en plena Ruta Nacional, lo cual es altamente peligroso y ha causado varios accidentes.
Las cifras percibidas por la municipalidad, especialmente en temporada alta, ascienden a montos millonarios. Sin embargo, durante el resto del año, los residentes que circulan diariamente por estas rutas para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, también son víctimas de estos controles, realizados en tramos donde la escasa cartelería y la brusca disminución de velocidad
A esto se suma que los residentes locales, quienes dependen de estas rutas para llevar a sus hijos a la escuela o ir a trabajar debido a la escasez de transporte público, se ven obligados a transitar diariamente bajo la amenaza constante de multas. Dichos operativos, percibidos por muchos como emboscadas, parecen estar más enfocados en la recaudación que en la prevención de accidentes, generando millones de pesos en multas durante la temporada alta y afectando también a los vecinos fuera de esta.
Es importante señalar que la Ordenanza Nº 2341/2020 designó a los concejales Gustavo Fileni y Fernando Llera para que desempeñaran un rol activo en la supervisión de los operativos de tránsito y medición de velocidad, asegurando el acceso a toda la información relacionada con estos controles. Sin embargo, ambos concejales ya no forman parte del Honorable Concejo Deliberante, y hasta el día de hoy no se ha comunicado quiénes son los responsables de llevar adelante esa tarea de control y supervisión, lo que profundiza aún más la falta de transparencia en torno a este tema.
Ante esta situación, la comunidad exige respuestas claras y la implementación efectiva de la campaña de educación vial prometida en la ordenanza, priorizando la seguridad de los ciudadanos por encima de intereses meramente recaudatorios.