
Por: Guillermo Apdepnur
En un operativo que pone al descubierto la cruel realidad del tráfico y explotación sexual en la provincia de Buenos Aires, las autoridades desmantelaron un establecimiento clandestino en Mar del Tuyú donde se explotaba sexualmente a mujeres, incluyendo al menos una menor de edad.

La investigación, que se extendió por dos meses, culminó con la detención de Carolina Juárez, de 38 años, señalada como la principal responsable de la red.
De acuerdo con fuentes judiciales, el caso comenzó a develarse tras una denuncia realizada el 26 de octubre, que alertaba sobre la existencia de un bar clandestino ubicado en la calle 76 N° 838.
La investigación, dirigida por el Fiscal Walter Mércuri de General Madariaga, incluyó un meticuloso trabajo de inteligencia con agentes encubiertos, recolección de testimonios y monitoreo de redes sociales.
Según el marco legal argentino, los delitos imputados se encuadran dentro de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión cuando las víctimas son menores de edad.
Además, la acusada podría enfrentar cargos por el artículo 125 bis del Código Penal, que sanciona la promoción y facilitación de la prostitución de menores.
El operativo, ejecutado el domingo 26, contó con la participación coordinada de la Sub DDI La Costa, la Jefatura Departamental La Costa, la Patrulla Urbana de la Secretaría de Seguridad local y el Servicio Local de la Municipalidad.
Como resultado, se decomisaron cuatro teléfonos celulares que serán fundamentales para la investigación y podrían revelar conexiones con otras redes de trata.
Un aspecto fundamental del procedimiento fue la inmediata intervención del Servicio Local, que activó el protocolo establecido por la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, proporcionando asistencia psicológica y protección a la menor rescatada. Esta acción refleja el compromiso con el artículo 9° de dicha ley, que garantiza el derecho a la dignidad y a la integridad personal de los menores.
El establecimiento, que operaba sin habilitación comercial, fue clausurado por las autoridades municipales, sumando infracciones administrativas a los graves delitos penales investigados. Este caso se suma a una preocupante estadística de explotación sexual en la provincia, donde según datos del Ministerio Público Fiscal, se registran decenas de casos similares cada año.
La investigación continúa abierta, ya que los investigadores no descartan la existencia de más víctimas y otros implicados en esta red de explotación. Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para denunciar casos similares, recordando que la línea 145 está disponible las 24 horas para reportar situaciones de trata de personas.