24 junio 2024
Comparte en tus redes

La decisión del intendente de declarar emergencia económica genera debates sobre una posible ineficiente gestión sumado a una precaria planificación en el uso de los recursos municipales en momentos de crisis.

¿Emergencia o Negligencia Económica?

En una medida sorprendente, el intendente José Rodríguez Ponte decretó la emergencia económica en el municipio de General Lavalle, con una duración de 90 días a partir del 25 de agosto de 2023. Esta acción se produce en respuesta a la crisis actual que está causando estragos en diversas áreas y ha llevado a una necesidad urgente de salvaguardar los recursos públicos para garantizar servicios esenciales.

La declaración de emergencia fue establecida, por Ponte.

A través de Ordenanza Municipal N°2596/2022, el mandatario local aprobó el presupuesto de recursos y gastos para lo que resta del año 2023.

La situación crítica no solo ha afectado la recaudación municipal, sino que también ha sido agravada por la devaluación de la moneda, lo que ha desencadenado desajustes significativos en los montos presupuestados. En algunos casos, estas variaciones han superado el 100% de las cifras iniciales.

El informe contable municipal revela un panorama preocupante, con un presupuesto comprometido de $504,400,000 hasta el 10 de diciembre de 2023, mientras que los ingresos previstos para el mismo período ascienden a $513,000,000. Esta discrepancia pone de manifiesto la urgente necesidad de tomar medidas para mantener el equilibrio financiero.

Además de los desafíos financieros, la administración municipal también se enfrenta al compromiso de continuar financiando las fiestas locales, como la Fiesta de la Primavera, la Fiesta de la Mujer Rural y la Fiesta de la Patrona, todas ellas con recursos propios.

El objetivo principal de esta declaración de emergencia es garantizar la provisión continua de servicios esenciales en áreas críticas como salud, seguridad, servicios públicos y educación. En consonancia con este objetivo, se ha emitido el Decreto Municipal N°835/23, que establece regulaciones estrictas en cuanto al otorgamiento de horas extras a los empleados municipales, con el fin de restringir gastos no justificados.

No obstante, esta medida no ha estado exenta de críticas. Miembros de la comunidad y expertos locales han expresado su preocupación por la aparente falta de coherencia en la gestión administrativa y económica, que serían uno de los detonantes tempranos de está crisis.

Se ha destacado dos situaciones, una que en un lapso de menos de 30 días, se ha eximido a los comercios de la tasa de habilitación hasta fin de año, esto significa menos ingreso a las arcas del municipio, ordenanza impulsada por el actual candidato a intendente Nahuel Guardia, y la otra, es la aprobado de un incremento del 33% en los salarios, significando un egreso importante del recurso municipal, esto puede ser tomado como una sesión populista irresponsable de parte del ejecutivo, en complicidad con parte de legislativo, en épocas electorales, y ahora se declara una emergencia económica.

Estos movimientos han suscitado interrogantes sobre la planificación con un enfoque electoralista, y no alimeado con la realidad que vive el distrito.

Dudando del enfoque de la administración municipal en momentos de desafíos financieros.

En medio de estas acciones y decisiones, la comunidad de General Lavalle espera con atención el desenlace de esta emergencia económica y cómo impactará en la vida cotidiana de los residentes y en la estabilidad del municipio en los próximos meses.