«¿Libre mercado o libre abuso? La lucha desigual entre el campo misionero y las grandes yerbateras»
Crisis en el corazón de la yerba mate: pequeños productores en pie de lucha en Misiones
Misiones, la cuna de la yerba mate argentina, atraviesa uno de los conflictos más profundos de los últimos años. Decenas de organizaciones de productores, trabajadores rurales y cooperativas se han movilizado en distintos puntos de la provincia para exigir un precio justo para la hoja verde y reclamar por la intervención del Estado en un mercado cada vez más concentrado.
Una crisis estructural y acelerada por la desregulación
El conflicto se intensificó a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido por el presidente Javier Milei, que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), como la potestad de fijar los precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada. Esta medida desreguladora, que se enmarca en una política económica liberal más amplia, dejó a los pequeños productores frente a un escenario de libre mercado donde el poder de negociación está altamente desequilibrado.
Actualmente, los precios que reciben los productores por kilo de hoja verde oscilan entre los $180 y $220, muy por debajo del costo de producción estimado por el propio INYM en $352. El reclamo es concreto: que el precio mínimo se fije en al menos $420, monto que cubriría los costos operativos y garantizaría una rentabilidad mínima.
La otra cara del mercado: concentración y desigualdad
Las principales industrias yerbateras —entre ellas Las Marías, Hreñuk S.A. (dueña de la marca Playadito), Establecimiento Santa Ana, La Cachuera (marca Amanda), y Cooperativa Liebig— concentran gran parte del proceso de secado, molienda, envasado y comercialización. Esta concentración deja a los pequeños productores en una situación de alta vulnerabilidad, sin capacidad de incidir en los precios ni en las condiciones de venta.
A la vez, la sobreproducción registrada en el último año y la falta de lluvias han contribuido a una sobreoferta que presiona aún más los precios a la baja. El panorama es crítico para más de 35.000 familias que viven directa o indirectamente de la producción yerbatera.
Responsabilidades compartidas
Desde el ámbito nacional, la eliminación de la función reguladora del INYM es vista por los productores como una «sentencia de muerte» para el pequeño productor yerbatero. Si bien la intención declarada del DNU fue fomentar la libre competencia, en la práctica se ha traducido en una profundización de la desigualdad estructural en el sector.
Por su parte, el gobierno de Misiones, encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua, ha expresado su preocupación por el impacto del decreto, reconociendo públicamente que «el libre mercado no funcionará en el sector yerbatero». Sin embargo, desde las organizaciones productoras señalan que no se han tomado medidas concretas desde el Ejecutivo provincial para paliar la crisis, lo que ha aumentado el malestar y la sensación de abandono.
Movilización y estrategia de resistencia
Las protestas han ido en aumento. Desde tractorazos hasta cortes de ruta, pasando por acampes frente a organismos públicos y acciones simbólicas como el encadenamiento de mujeres productoras frente a la Agencia Tributaria de Misiones en San José, la lucha ha tomado formas diversas. El reclamo unifica a productores de distintas zonas de la provincia, con respaldo de cooperativas y sindicatos rurales.
Más allá de la urgencia coyuntural, el conflicto también abre un interrogante de fondo: ¿cómo pueden los pequeños productores enfrentar la creciente concentración del mercado?
Las alternativas que surgen incluyen la revalorización de las cooperativas como forma de organización colectiva, la incorporación de canales de comercialización directa (como ferias o venta online), y la presión institucional para restituir una regulación estatal que garantice precios mínimos justos. Además, algunos sectores promueven una «denominación de origen» protegida para la yerba misionera como forma de agregar valor y defender su identidad cultural y productiva.
Una disputa que también es política
Aunque el reclamo es principalmente económico, su dimensión política es inevitable. La desregulación, promovida desde la presidencia, ha tenido un impacto directo en una economía regional clave, generando un conflicto que podría marcar un antes y un después en la relación entre el gobierno nacional y los sectores productivos del interior.
Muchos de los productores movilizados apoyaron a Javier Milei en las elecciones de 2023, esperanzados con una mejora en la economía. Hoy, ese apoyo se ve resquebrajado por las consecuencias de las políticas adoptadas. A la vez, la falta de respuesta efectiva desde el gobierno provincial también erosiona la credibilidad de las autoridades locales.
Conclusión
El conflicto yerbatero en Misiones no es solo una disputa por precios: es el reflejo de una profunda desigualdad estructural en el sector agroindustrial argentino. Mientras los grandes jugadores del mercado logran sostener márgenes de ganancia elevados, los pequeños productores ven peligrar su subsistencia.
La situación actual representa un punto de inflexión. Lo que está en juego no es solo la rentabilidad de una producción tradicional, sino el futuro mismo de miles de familias rurales, y la capacidad del Estado para equilibrar las fuerzas de un mercado que, sin regulación, tiende a devorar a los más débiles.