La temporada de verano se acerca y con ella resurge una problemática que año tras año afecta a potenciales inquilinos y compradores de propiedades en General Lavalle: las estafas inmobiliarias. Si bien el municipio ha emitido una serie de recomendaciones básicas, la respuesta institucional podría evidenciar serias deficiencias en la articulación entre las distintas áreas municipales para prevenir estos delitos.
Llama la atención la aparente desconexión entre secretarías clave como Rentas, Obras Públicas e Inspección General, que podrían estar jugando un papel más activo en la prevención de estas situaciones. La falta de un registro unificado de propiedades habilitadas para alquiler temporal y la ausencia de un sistema de verificación ágil entre dependencias municipales, podrían estar facilitando indirectamente la proliferación de estas estafas.
Si bien el municipio ha puesto a disposición líneas telefónicas y un correo electrónico de consulta, estas medidas parecerían resultar insuficientes ante la complejidad del problema. La gestión municipal estaría optando por derivar la responsabilidad hacia los colegios profesionales de abogados y escribanos, en lugar de fortalecer sus propios mecanismos de control y prevención.
La situación se tornaría más preocupante al considerar que muchas de estas transacciones irregulares podrían estar ocurriendo a la vista de las autoridades locales, sin que exista un protocolo claro de intervención preventiva. La actual administración municipal parecería carecer de herramientas efectivas para cruzar información entre sus diferentes áreas, lo que podría estar dejando espacios vulnerables para la actuación de estafadores.
Ante este escenario, surge el interrogante sobre la efectividad de las políticas municipales en materia de prevención del delito inmobiliario. ¿No deberían existir mecanismos más robustos de control previo? ¿Por qué no se ha implementado aún un sistema de verificación digital integrado entre las distintas áreas municipales?
Para quienes sospechen haber sido víctimas de estafas, el municipio deriva las consultas a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Dolores (Tel: 02245-532509/532506, Mail: fisgen.do@mpba.gov.ar) o al correo electrónico municipal: contacto.legales@generallavalle.gob.ar.
La nota periodística busca generar conciencia sobre esta problemática y, al mismo tiempo, señalar la necesidad de una respuesta más integral y coordinada por parte de las autoridades municipales para proteger efectivamente a los ciudadanos de estas prácticas delictivas.
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