La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este lunes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. La decisión se convirtió en un hecho jurídico de peso institucional, al cerrar definitivamente las instancias de apelación en el país.
El fallo, dictado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, fue confirmado por la Cámara de Casación Penal en 2024 y, tras la negativa de la Corte a tomar el recurso extraordinario, la condena quedó firme. Cristina Fernández no ha sido detenida aún, pero la ejecución de la pena ya puede activarse. En ese marco, el Tribunal que dictó la sentencia deberá evaluar en los próximas 5 días, para ordenar su arresto y bajo qué condiciones.
Dado que la exmandataria tiene 72 años y presenta antecedentes de salud documentados, su defensa ya ha solicitado que, en caso de hacerse efectiva la detención, sea bajo la modalidad de arresto domiciliario, conforme a lo que establece el Código Penal en esos casos. La ejecución de la condena estará a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El proceso judicial investigó una presunta maniobra sistemática de desvío de fondos públicos entre 2003 y 2015 mediante la adjudicación de obras viales en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, allegado al entorno presidencial. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron durante el juicio que se trató de un «plan criminal organizado desde las más altas esferas del poder».
En la conclusión del fallo, los jueces del TOF N°2 afirmaron:
“La prueba reunida a lo largo de este proceso penal nos presenta una imagen esclarecida de determinadas acciones singulares de Cristina Fernández de Kirchner dentro del plan defraudatorio único, penalmente relevantes por su adecuación típica en orden al delito de administración fraudulenta agravada, que le son reprochables a nivel de su culpabilidad, y en base a ello es que habremos de emitir el juicio de responsabilidad penal que por derecho corresponde”.
Hasta el momento, la expresidenta no ha realizado declaraciones públicas. Su entorno ha mantenido silencio, mientras se aguarda la notificación formal del Tribunal respecto al inicio del cumplimiento de la pena.
El fallo genera un impacto inédito: es la primera vez desde el retorno democrático que una expresidenta enfrenta una condena penal firme por hechos ocurridos durante su gestión. La situación abre interrogantes sobre el efecto político y judicial de esta decisión en el escenario nacional. La defensa anticipó que acudirá a instancias internacionales.
El proceso de detención, si se concreta, deberá respetar el debido proceso, incluyendo la evaluación médica y la disposición de un dispositivo de control electrónico en caso de arresto domiciliario. El Ministerio de Justicia ya fue notificado para disponer los recursos necesarios en ese sentido.