El joven atleta lavallense Wenceslao Martínez entrena en la localidad de Cachi, Salta, de cara al Campeonato Iberoamericano de Atletismo que se disputará en julio en Asunción, Paraguay. Competirá en los 1500 y 3000 metros, pruebas que exigen un nivel físico y mental extraordinario. Para ello, ha decidido afrontar un entrenamiento exigente en altura, optimizando cada recurso que tiene a mano.
Su entrega es incuestionable, y su carrera representa una verdadera historia de esfuerzo, mérito y superación. Nada de eso puede ni debe ser opacado. Sin embargo, es el rol del Estado —en este caso, el accionar del Municipio de General Lavalle— lo que merece ser puesto en debate.
En medio de un proceso judicial de gravedad institucional (Expediente N° 6152-2022, en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Dolores), el municipio enfrenta una condena millonaria cuyo impacto económico será absorbido, según se anticipa, con fondos originalmente destinados a áreas esenciales: salud, educación, seguridad y obras hídricas. Es decir, sectores donde la urgencia y la falta de inversión ya se sienten.
En ese contexto, la decisión de financiar viajes de funcionarios —como el del Director de Deporte, Alejandro Chilesky— para acompañar un entrenamiento deportivo, no parece responder a una política seria de apoyo al alto rendimiento, sino más bien a un uso flexible del presupuesto público. Bajo la bandera del deporte, se disfrazan beneficios personales que distorsionan las verdaderas prioridades.
Apoyar a un deportista como Wenceslao no debería implicar permitir que se utilice su compromiso como escudo para justificar el disfrute de otros. Se necesita equilibrio: fomentar el deporte, sí, pero con responsabilidad, con criterios claros y sin descuidar las urgencias estructurales de la comunidad.
Martínez corre con el corazón. Lo hace solo, sin privilegios, con el país cuesta arriba. Que su ejemplo no sea usado para maquillar gestiones sin rumbo.